Panorama

Tribunal varía medida de coerción a Donald Guerrero; podría volver a casa este viernes

Por su parte, el fiscal litigante Arolin Lemos expresó ante los medios de comunicación que el Ministerio Público seguirá trabajando como lo ha hecho hasta el momento y va a presentar una acusación fuerte.

Santo Domingo.- La Primera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional dispuso este jueves la variación de la medida de coerción, consistente en prisión preventiva, impuesta el pasado mes de abril al exministro de Hacienda, Ángel Donald Guerrero Ortiz, uno de los principales implicados en el caso Calamar.

Luego de conocer un recurso de apelación interpuesto por los abogados de la defensa del imputado, la magistrada Doris Pujols (presidenta de la sala) y los jueces Rafael Báez e Indhira Montás le impusieron una garantía económica de 5 millones de pesos, a través de una empresa aseguradora, impedimento de salida del país y presentación periódica ante el Ministerio Público.

Por su parte, el fiscal litigante Arolin Lemos expresó ante los medios de comunicación que el Ministerio Público seguirá trabajando como lo ha hecho hasta el momento y va a presentar una acusación fuerte.

En tanto, que uno de los abogados de Donald Guerrero se mostró conforme con la decisión y adelantó que su defendido podría salir de la cárcel mañana viernes.

El pasado 4 de abril del año 2023, la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional dictó prisión preventiva por 18 meses como medida de coerción contra el exfuncionario gubernamental, la cual cumple en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, en San Cristóbal.

El Ministerio Público imputa al exfuncionario gubernamental de encabezar una red desmantelada con la Operación Calamar que, según la solicitud de medida de coerción, utilizaba al menos 11 instituciones con las que gestionaba las expropiaciones irregulares de terrenos, el cobro ilegal a bancas de lotería, deportivas y negocios con máquinas tragamonedas, así como la compras de inmuebles con sobrecosto.

Además, señala el documento, desde el Ministerio de Hacienda, Bienes Nacionales, la Tesorería Nacional, Dirección de Presupuesto y las demás instituciones del sector, diligenciaban y gestionaban el pago de deudas públicas por expropiación irregular de terrenos.

En este expediente, el órgano acusador también imputa al exministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo; el abogado Ángel Lockward, y el exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), Luis Miguel Piccirilo.

Asimismo, Roberto Santiago Moquete Ortiz, Aldo Antonio Gerbasi Fernández, exfuncionario de la Dirección de Reconocimiento de Deuda Pública de Hacienda; al exencargado de Juegos de Azar de Hacienda, Julián Omar Fernández Figueroa, y al exdirector de Catastro Nacional, Claudio Silver Peña.

También, Alejandro Constanzo Sosa, Marcial Reyes, los hermanos Ana Linda y Emir José Fernández de Paola, Óscar Chalas Guerrero, Agustín Mejía y Víctor Matías Encarnación.

El órgano persecutor estuvo representado en esta audiencia por la procuradora adjunta directora de Persecución de la Procuraduría General de la República, Yeni Berenice Reynoso, así como los procuradores fiscales Elvira Rodriguez y Arolin Lemos.

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