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Ruido, parqueos y pleitos vecinales: Gobierno busca nueva ley para frenar conflictos que terminan en violencia


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Las bocinas a alto volumen, las disputas por estacionamientos, los conflictos por linderos y la ocupación de espacios públicos están entre los problemas cotidianos que el Gobierno dominicano busca abordar mediante una nueva Ley de Convivencia y Cultura Ciudadana.

Para elaborar la normativa, las autoridades pusieron en marcha la consulta nacional territorial y sectorial «La palabra es tuya», una iniciativa que permitirá a los ciudadanos presentar propuestas sobre situaciones que afectan la tranquilidad en barrios, urbanizaciones, residenciales y comunidades del país.

La convocatoria, coordinada por el Ministerio de Interior y Policía, forma parte de los esfuerzos del Gobierno para prevenir conflictos sociales y evitar que las diferencias entre ciudadanos escalen hacia hechos de violencia. El proceso se desarrolla con el respaldo de la Procuraduría General de la República y la participación técnica y metodológica del Consejo Nacional de Drogas.

El peso de los conflictos sociales en los homicidios

La iniciativa tiene como antecedente las cifras sobre muertes violentas relacionadas con conflictos entre ciudadanos.

Durante una presentación sobre seguridad ciudadana realizada en septiembre, la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, señaló que el 66 % de los crímenes registrados en el país estaba relacionado con conflictos sociales.

Posteriormente, al anunciar la consulta nacional, las autoridades citaron datos de monitoreo interinstitucional que situaban alrededor del 60 % la proporción de homicidios vinculados a riñas y conflictos sociales. Estas cifras, comunicadas en momentos diferentes, reflejan la importancia que Interior y Policía atribuye a los enfrentamientos interpersonales dentro de su estrategia de seguridad.

En ese contexto, el Gobierno plantea que la prevención de la violencia no debe limitarse a la actuación policial después de ocurrido un delito, sino incluir mecanismos para resolver diferencias antes de que se produzcan agresiones.

Ya existen leyes contra el ruido

Uno de los principales puntos de la propuesta es el control de la contaminación sónica, una problemática que actualmente cuenta con legislación específica en República Dominicana.

La Ley 287-04 establece disposiciones para prevenir, suprimir y limitar los ruidos nocivos y molestos. Posteriormente, la Ley 90-19 modificó el marco legal y contempló sanciones para distintas conductas relacionadas con la contaminación sonora.

Entre las disposiciones existentes figuran medidas aplicables a establecimientos comerciales, actividades recreativas y vehículos que generan ruidos perjudiciales.

Por tanto, la nueva propuesta de convivencia no parte de una ausencia total de regulación sobre el ruido.

La diferencia planteada por el Gobierno está en incorporar herramientas de mediación, prevención y educación para atender los conflictos comunitarios, además de las disposiciones sancionadoras existentes.

Los problemas que busca abordar la normativa

Además de las denuncias por ruido, la consulta incluye situaciones relacionadas con disputas por estacionamientos, diferencias sobre los límites de propiedades y utilización de parques y espacios públicos.

También contempla problemas derivados de la circulación de motocicletas, la convivencia vial, el consumo de alcohol y otras sustancias, así como el comportamiento de los ciudadanos en entornos digitales.

La propuesta busca incorporar a los gobiernos municipales, tomando en cuenta sus competencias en la administración de los territorios y la regulación de determinados espacios públicos.

La intervención de los ayuntamientos resulta especialmente relevante porque algunas de las situaciones contempladas forman parte de sus responsabilidades establecidas en la legislación municipal vigente.

La ciudadanía podrá presentar propuestas de manera anónima

La consulta contempla una plataforma digital mediante la cual los ciudadanos podrán expresar sus preocupaciones y recomendaciones a través de textos, mensajes de voz o videos.

Según la información oficial, el procedimiento puede completarse aproximadamente en un minuto y permite participar de manera anónima.

El Gobierno también desarrollará encuentros presenciales en las regiones Sur, Este, Norte y Gran Santo Domingo, con representantes de juntas de vecinos, iglesias, universidades, medios de comunicación, empresarios, transportistas, gremios y organizaciones deportivas.

El objetivo declarado es recopilar propuestas que contribuyan a definir las responsabilidades institucionales y los mecanismos de prevención y solución pacífica de conflictos.

Un proyecto que viene trabajándose desde 2024

La discusión sobre una Ley de Convivencia Ciudadana no comenzó con esta nueva consulta.

De acuerdo con las informaciones del Ministerio de Interior y Policía, el proceso tiene antecedentes en los diálogos comunitarios y las mesas de seguridad desarrolladas desde agosto de 2024.

La memoria institucional de 2025 también recoge la elaboración de una primera versión del anteproyecto y señala que fue remitida al Congreso Nacional en septiembre de ese año.

La nueva convocatoria se presenta como una oportunidad para incorporar aportes de la ciudadanía a la formulación de la normativa.

Sin embargo, el anuncio no establece una fecha definitiva para concluir la consulta ni precisa cuáles mecanismos se utilizarán para determinar qué propuestas ciudadanas serán incorporadas al texto legislativo.

Tampoco ofrece un calendario actualizado para la presentación o discusión de una versión definitiva del proyecto.

La iniciativa abre así un nuevo proceso de participación sobre problemas que afectan diariamente a miles de dominicanos.

Su alcance dependerá del contenido final de la normativa y de la articulación entre las autoridades responsables de aplicarla, especialmente en materias que ya cuentan con disposiciones legales, como el ruido, el tránsito y el uso del espacio público.

Fuente: Panorama

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