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RESUMEN
La Asociación Dominicana de Centros Oncológicos denunciaron este martes una serie de actuaciones atribuidas a ARS Senasa que podrían comprometer la seguridad de los pacientes y vulnerar sus derechos.
Según indican la modificación de prescripciones médicas, los cambios de prestadores y posibles medidas destinadas a excluir de la cadena de atención a profesionales y establecimientos responsables del seguimiento de los tratamientos, son partes de las prácticas que pueden lesionar a los ciudadanos.
De acuerdo a los declarantes, la situación adquiere gravedad cuando involucra medicamentos especializados, oncológicos y de alto costo, cuya conservación, dispensación y administración requieren controles rigurosos.
“La entrega directa de estos medicamentos desde un distribuidor al paciente, sin mecanismos verificables de supervisión profesional, plantea serias interrogantes: ¿quién garantiza que el medicamento sea el prescrito? ¿Quién certifica su conservación, cadena de frío y trazabilidad? ¿Quién responde ante un error, deterioro o interrupción del tratamiento?”, señalaron a través de una nota de prensa.
Añadieron que, la Ley 87-01 y el Decreto 665-12 establecen un marco de derechos, obligaciones y responsabilidades dentro del Sistema Dominicano de Seguridad Social. Por tanto, cualquier modificación de recetas, cambio de prestadores o nuevo mecanismo de dispensación debe respetar las disposiciones aplicables, el criterio clínico y la continuidad asistencial. Una decisión administrativa no puede convertirse en una amenaza para la seguridad del paciente.
Los prestadores de servicios de salud, exigen a la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL), al Ministerio de Salud Pública y a las demás autoridades competentes una investigación inmediata que determine la legalidad de estas actuaciones, identifique a los responsables de cada etapa del suministro y garantice que ningún afiliado quede expuesto a riesgos evitables. Asimismo, solicitamos a Senasa explicar públicamente los protocolos y mecanismos de control que sustentan estos cambios.
“No se trata de defender privilegios de prestadores ni de cuestionar la eficiencia administrativa. Se trata de defender el derecho de cada paciente a recibir exactamente el medicamento indicado, en condiciones seguras, con supervisión profesional y sin interrupciones de su tratamiento”, puntualizaron.
Fuente: Panorama