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RESUMEN
Un automóvil con neumáticos desgastados, luces defectuosas o problemas en los frenos puede circular por las calles dominicanas sin que exista actualmente una inspección técnica periódica generalizada que certifique sus condiciones de seguridad.
Es parte de una realidad que República Dominicana arrastra desde hace una década, cuando el Gobierno suspendió la tradicional revista vehicular, aquella calcomanía que durante años los conductores adquirían para cumplir con uno de los requisitos de circulación.
Ahora, el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) plantea recuperar el sistema durante el primer semestre de 2027, pero bajo un esquema diferente: una evaluación mecánica, técnica y ambiental que permita determinar si los vehículos están en condiciones de transitar.
La propuesta surge en un país que cerró 2025 con 6,640,871 vehículos registrados, según la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), de los cuales el 57.9 % corresponde a motocicletas.
Sin embargo, junto al propósito de mejorar la seguridad vial aparecen preguntas que todavía no tienen respuestas definitivas: ¿cuánto pagará cada propietario?, ¿quién recibirá el dinero?, ¿qué ocurrirá con los vehículos que no aprueben y cómo se garantizará que las inspecciones no se conviertan nuevamente en un simple trámite?.
¿Por qué dejaron de hacer la revista en 2016?
La última revista vehicular se realizó en 2016, durante el Gobierno de Danilo Medina. En julio de ese año, el entonces director de Tránsito Terrestre, Luis Estrella, anunció la suspensión del mecanismo mientras se modificaba la legislación y se diseñaba un sistema capaz de realizar verdaderas evaluaciones mecánicas. La decisión estuvo relacionada con los cuestionamientos al funcionamiento de la revista tradicional.
Aunque los propietarios adquirían una calcomanía que certificaba el cumplimiento del requisito, el procedimiento no garantizaba necesariamente que los vehículos hubieran sido sometidos a una inspección exhaustiva. En la práctica, obtener la certificación no siempre significaba que los frenos, el motor, las luces o los neumáticos estuvieran en condiciones adecuadas.
Las autoridades de entonces plantearon la necesidad de contar con talleres certificados y personal especializado. El objetivo era sustituir un sistema cuestionado por otro que efectivamente comprobara la seguridad de las unidades. Pero lo que se anunció como una transformación terminó convirtiéndose en diez años de espera.
Una ley que lleva nueve años sin aplicarse plenamente
En 2017 fue promulgada la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. Su artículo 166 establece la inspección técnica periódica de los vehículos de motor, con el propósito de comprobar sus condiciones mecánicas y el cumplimiento de los límites de emisiones contaminantes. Sin embargo, la disposición no llegó a implementarse de manera integral.
En 2019, el Intrant convocó un proceso de licitación internacional para desarrollar y operar los centros de inspección, pero fue declarado desierto. Posteriormente se estudiaron otros modelos, incluyendo una alianza público-privada para construir y administrar estaciones especializadas. En 2023 se anunció otro calendario de implementación, que tampoco se concretó.
Más recientemente, el proyecto fue replanteado para incorporar talleres locales certificados mediante un procedimiento de contratación pública.Esta sucesión de intentos explica por qué, pese a existir una obligación legal, el país continúa sin un sistema nacional de inspección técnica vehicular plenamente operativo.
¿Cuánto costará la nueva revista?
Este es uno de los puntos que más interés genera entre los propietarios.
El director general de Alianzas Público-Privadas, Andrés Lugo Risk, mencionó una tarifa estimada de RD$2,000 anuales para vehículos de cuatro ruedas y RD$600 para motocicletas. También explicó que el procedimiento podría durar entre diez y quince minutos. No obstante, el Intrant todavía no ha publicado una resolución que establezca esos precios como definitivos.
La diferencia con el sistema anterior sería considerable. En 2016, el costo de la revista era inferior a RD$100, aunque se trataba de un procedimiento distinto al que ahora se propone. Además, el pago de la inspección sería independiente del marbete, que constituye una obligación tributaria relacionada con la circulación vehicular. De concretarse la tarifa anunciada, el propietario tendría que asumir un gasto adicional por la evaluación técnica, sin incluir las posibles reparaciones que su vehículo necesite para aprobarla.
¿Quién cobraría y a dónde iría el dinero?
Aquí aparece uno de los asuntos menos aclarados de la propuesta. El Intrant ha informado que trabaja con la Dirección General de Contrataciones Públicas para definir el procedimiento que permitirá seleccionar y certificar los talleres participantes. Sin embargo, todavía no se ha explicado públicamente cómo se distribuirían los ingresos generados por las inspecciones.
No está definido si el propietario pagaría directamente al taller autorizado, mediante una plataforma estatal o a través de otro mecanismo de recaudación. Tampoco se conoce qué porcentaje, si alguno, correspondería al Estado, cuánto recibirían los prestadores del servicio ni qué recursos se destinarían a supervisar el sistema. La pregunta es de importancia por la magnitud del parque vehicular dominicano.
Aunque no todas las unidades registradas estarían necesariamente obligadas a inspeccionarse en un mismo año, una tarifa aplicada a millones de vehículos podría movilizar miles de millones de pesos. Por eso, antes de iniciar el programa, será necesario conocer el modelo financiero, los costos de operación y los mecanismos de fiscalización.
También deberá aclararse si los pagos financiarán exclusivamente las inspecciones o si una parte de los recursos se incorporará a las recaudaciones públicas.
¿Qué revisarían en los vehículos?
A diferencia de la antigua revista, el nuevo sistema pretende evaluar componentes relacionados con la seguridad y las condiciones ambientales. Entre los elementos previstos figuran los frenos, la dirección, la suspensión, los neumáticos, las luces y las emisiones contaminantes.
La finalidad es identificar desperfectos que puedan comprometer la seguridad de conductores, pasajeros y peatones. Pero también queda pendiente conocer qué ocurrirá cuando un vehículo no apruebe la evaluación. ¿Tendrá un plazo para corregir las fallas? ¿Deberá pagar nuevamente? ¿Podrá seguir circulando mientras realiza las reparaciones?
El Intrant todavía debe explicar esos procedimientos, así como las condiciones aplicables a vehículos antiguos y otras categorías especiales.
¿Por qué quieren recuperarla ahora?
El argumento central de las autoridades es la seguridad vial.
Un sistema de inspección podría contribuir a detectar problemas mecánicos antes de que ocasionen incidentes en las carreteras, además de identificar vehículos con emisiones contaminantes superiores a los límites permitidos. También se plantea que la revisión periódica ayudaría a reducir las averías que provocan interrupciones del tránsito. Sin embargo, la inspección por sí sola no resolverá los accidentes ni los congestionamientos.
La seguridad vial también depende de las condiciones de las carreteras, el respeto a las señales, la fiscalización de infracciones y la conducta de los conductores.
Fuente: Panorama